Unos 313.000 afiliados de Medimás fueron trasladados a diez EPS

El Ministerio de Salud confirmó que a 10 EPS en el país fueron trasladado los 313.342 afiliados de Medimás de ochos departamentos, a quienes se les garantizará una mejor atención en salud.

El cambio de entidad de salud se dio luego que la Superintendencia Nacional de Salud revocara el funcionamiento de Medimás EPS en los departamentos de Atlántico, Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Guainía, La Guajira y Magdalena.

El Ministerio de Salud también señaló que las EPS a donde fueron trasladados los usuarios, deberán contar con las redes de atención necesarias para brindar unos mejores servicios de cobertura, oportunidad, calidad y sin interrupciones, en los diferentes tratamientos y entrega de medicamentos.

“Las EPS receptoras a través de su red de prestadores, deben continuar proporcionando los servicios y entregando los medicamentos que previamente han sido ordenados”, aseguró Plinio Alejandro Bernal, director de Regulación de la operación del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud.

Las EPS a las que fueron trasladados los usuarios fueron Nueva EPS con el traslado de 81 mil 130 usuarios; Famisanar con 54.261; Coosalud con 33.480; EPS Sanitas con 32.318; Salud Total con 30.064 traslados; Mutual Ser con 27.387; Cajacopi con 23.666; Compensar con 17.104; EPS Sura con 13.922 y A.I.C. Epsi con 10 mil usuarios.

Este traslado se logró ejecutar luego que el Juzgado sexto civil del circuito de la ciudad de Popayán (Cauca), declarara improcedente una acción de tutela que frenaba el cambio de EPS de estos usuarios afiliados a la EPS Medimás, en esos ocho departamentos.

La decisión de la juez, Astrid María Diago, levantó de manera inmediata la medida provisional del traslado de los usuarios a otras EPS  del país, que ofrezcan un mejor servicio de salud coordinado por el Ministerio de Salud.

La tutela había sido interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, Medimás EPS, Corporación Mi IPS Occidente, por parte de una trabajadora de esta entidad quien denunció una presunta vulneración a los derechos fundamentales al trabajo, la vida digna, y mínimo vital.