Procuraduría confirmó sanción a exgobernadores del Magdalena por irregularidades en vía de la prosperidad

Debido a que los dos exmandatarios, Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes, actualmente no están ejerciendo un cargo público, la suspensión por 12 meses se convertirá en una multa superior a 100 millones de pesos.

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión por 12 meses a los exgobernadores del Magdalena Rosa Cotes y Luis Miguel Cotes, conocido como El Mello, por irregularidades en la ejecución del proyecto de la vía de la prosperidad, que comprometió recursos por más de 466.000 millones de pesos de la nación y del Sistema General de Regalías.

“La sala disciplinaria, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve confirmar el fallo del 30 de septiembre proferido por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que sancionó a Luis Miguel Cotes Habeych, en su condición de gobernador del Magdalena para el periodo 2012-2015, y a Rosa Cotes de Zúñiga, en su condición de gobernadora del Magdalena para el periodo 2016-2019, con las sanciones de 12 meses de suspensión”, señala la decisión del órgano del control con fecha del 22 de diciembre.

Debido a que los dos exmandatarios departamentales actualmente no están ejerciendo un cargo público, la sanción se convertirá en una multa superior a 100 millones de pesos.

La Procuraduría estableció que los Cotes transgredieron los principios de economía y responsabilidad de la contratación estatal, y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo-Sitio Nuevo-Remolino-Guaimaro, en Magdalena, cuya ejecución quedó establecida bajo el Contrato de Obra 617 de 2013.

Las faltas de los exmandatarios fueron calificadas como gravísimas –a título de culpa grave– por la falta de diligencia, cuidado y eficacia en la adopción de decisiones que se esperan del administrador y/o gobernante de un ente territorial, quien tiene a su cargo la dirección de la contratación y el manejo de confiados por la nación y el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) Regional Caribe.

En la sanción se señaló que otro de los incumplimiento de la obra es que esta pasó de una planeación inicial de 52,6 kilómetros a solo 18,3 kilómetros como consecuencia de las deficiencias en la planeación, la falta de definición, la existencia y validación de canteras o fuentes de materiales viables para el momento del inicio de la obra, factores que causaron la exclusión de variantes importantes para la funcionalidad de la obra. Los tramos excluidos del contrato, producto de la denominada “regularización”, de acuerdo con la Procuraduría, presentan deterioro y dificultades para la movilidad de los usuarios, particularmente en época de lluvias, estipuló el informe.

“La Gobernación de Magdalena entrega una vía que no es funcional, un proyecto que no fue finalizado. Por la ausencia de procesos contractuales en curso para continuar la vía, tanto en diseños como en obra, y acorde con los términos del acta de liquidación del 10 de diciembre de 2019, se deduce que la obra empleó el doble de tiempo al inicialmente pactado, todo ello a causa de la deficiente planeación en la dirección de la actividad contractual”, subrayó el Ministerio Público.

Según el fallo, el accionar de los Cotes durante sus mandatos como gobernadores lesionó los derechos, intereses y expectativas de las comunidades que esperaban beneficiarse con el corredor vial. “La falta de diligencia quedó también acreditada con los múltiples modificatorios y adiciones que tuvo el Contrato 617 de 2013, luego de la denominada ‘regulación’ de la ejecución de la obra, la cual fue suscrita por la gobernadora Rosa Cotes, esperando la finalización de la obra el 15 de julio de 2018, lo que ocurrió el 10 de diciembre de 2019, con lo que se evidenció falta de cuidado en la estructuración y definición de los acuerdos establecidos, generando más demoras en la ejecución del negocio jurídico”, sostuvo.