Juez envía a la cárcel a Emilio Tapia, Luis F. Duque y Juan Laverde por el caso del Mintic

Un juez de Bogotá envió a la cárcel a Emilio Tapia, “Zar de la contratación”, por su presunta responsabilidad en el escándalo del MinTIC . *También estará preso Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados. *Se investigará a Adriana Meza, secretaria general y a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Mintic.

El juez 53 de garantías de Bogotá consideró que Emilio Tapia, el “zar de la contratación”, condenado en tres oportunidades por el “carrusel de la contratación de Bogotá”, representa un peligro para la sociedad y para el desarrollo del proceso judicial por el caso MinTIC, por lo tanto lo envió a la cárcel de manera preventiva. Se trata de un escándalo por presunta corrupción, en un billonario contrato con el cual la cartera de Tecnologías y de la Información buscaba crear 7.000 centros digitales en zonas rurales del país.

También fue enviado a prisión preventiva Luis Fernando Duque, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, quien suscribió el contrato en 2020 con el MinTIC y cuya organización recibió un anticipo por $70.000 millones. La otra persona procesada, Juan José Laverde, también confrontará el proceso en prisión. La Fiscalía tiene la hipótesis de que Laverde, funcionario de la agencia de seguros Rave, habría participado en la entrega de garantías falsas durante el proceso de licitación, que permitieron a Centros Poblados quedarse con el acuerdo por 1,07 billones.

“La mitad del país gracias a esta situación se quedó sin internet”, fue una de las frases con voz propia que dejó el juez en la audiencia. El jefe del despacho llegó a esa conclusión luego de hacer un recuento de la teoría de la Fiscalía, explicando que el MinTIC entregó dos contratos para internet en Colombia: el “A”, para zonas urbanas, y el “B” para zonas rurales, el cual fue adjudicado a favor de Centros Poblados. Según el juez, si no se hubiese presentado la primera garantía falsa, no se hubiera entregado dinero público como anticipo y, a partir de allí, una serie de irregularidades que dejaron como víctimas a los niños y estudiantes de las zonas más apartadas del país.

Por otro lado, dejando claro que se trataba de una hipótesis, el juez inclinó su balanza a favor de la Fiscalía en cuanto al riesgo futuro que representarían los procesados: “Si no les importó dejar a la gente sin internet, a la gente que nos trae la papa todos los días a la casa, ¿qué podríamos esperar si eso no les importó? A eso se refiere la Fiscalía”. Y en cuanto a las medidas como vigilancia electrónica, el juez sentó su posición: “Más de un capturado ha llegado con su brazalete. No sirve de nada porque reincide, se lo quitan y se lo ponen hasta al perro. Como así que buena conducta, ¿cómo le voy a exigir a una persona buena conducta con esa cantidad de plata que se perdió?”.

Por otro lado, el juez explicó que ninguno de los tres “llegó a su cargo en un paracaídas” y, por tanto, sabían de la responsabilidad que significaba ocupar el primer lugar en la licitación y, en el caso de Laverde, presuntamente gestionar vía intermediación los documentos que resultaron falsos. Entre los testigos de la Fiscalía está Jorge Alfonso Molina, un antiguo cliente de Laverde, quien encendió el ventilador y dijo que se reunió en la oficina de Emilio Tapia a petición de Laverde. Entonces, el testigo dice haber accedido a conseguir la primera garantía falsa y que el trámite duró menos de una hora.

Compulsa de copias a funcionarias de MinTIC
Durante sus consideraciones, el juez 53 de garantías explicó que la responsabilidad por la radicación de una garantía falsa no sería únicamente de los tres procesados, pues del otro lado, del ministerio de las TIC, se esperaba una función de seguimiento y control pleno. Por tanto, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar a Adriana Meza, secretaria general de la cartera, y a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del MinTIC. No mencionó a la exministra Karen Abudinén, quien renunció a su cargo hace un par de semanas, a petición del presidente Iván Duque.

Ambas están en juicio disciplinario tras decisión de la Procuraduría del pasado 22 de septiembre. Sobre Adriana Meza, secretaria general de MinTIC, la Procuraduría tendría como probar que cometió una falta gravísima, tras participar en la etapa precontractual o contractual en detrimento del patrimonio público. Fue ella quien abrió la licitación, el 23 de septiembre pasado, y adjudicó la “Región B” del acuerdo a la Unión Temporal Centros Poblados. Además, celebró con ese contratista el contrato de aporte, “con estudios previos insuficientes y pliegue de condiciones carentes de reglas objetivas y completas”.

A Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual de MinTIC, se le endilga desde lo disciplinario haber incurrido en irregularidades en la etapa precontractual tras habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por Centros Poblados. Según la Procuraduría, la unión temporal debió haber caído en ese filtro, pues al parecer presentó garantías bancarias falsas, para soportar la seriedad de la oferta, utilizando sin ningún tipo de justificación el logo y la palabra de Itaú. La misma hipótesis presentó la Fiscalía ayer en audiencia de imputación, pero sostuvo que Centros Poblados habría conducido al error al MinTIC.

Historia reciente
El pasado 21 de septiembre, la Fiscalía imputó por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde. Gran parte de la investigación se sustenta en una garantía bancaria -una póliza de seriedad de la oferta-, con la que Centros Poblados logró obtener el contrato, y que resultó falsa como lo explicó el mismo banco Itaú, cuyo nombre e imagen aparecía entre los documentos aportados por la unión temporal. Y, como enfoque central, la Fiscalía cree que funcionarios como la subdirectora de gestión contractual de MinTIC fueron llevados al error por cuenta de la supuesta corrupción de los procesados.

Durante la mañana, la Procuraduría solicitó se decretara cárcel contra el contratista Emilio Tapia, quien fue condenado en tres oportunidades por el carrusel de la contratación. Ese antecedente, según el Ministerio Público, sería clave para pensar en que la libertad de Tapia significa un peligro para la sociedad, dado que podría reincidir en hechos de corrupción. Asimismo, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento preventiva contra el contratista, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde.

Por otro lado, el abogado Iván Cancino, quien representa al MinTIC, solicitó que los tres procesados fueran a la cárcel y, además, que les fueran embargados los bienes para que no puedan venderlos o traspasarlos. Con esa medida, MinTIC busca recuperar el dinero que entregó por concepto de anticipo por $70.000 millones. Durante el presente proceso, el juez ya declaró a la cartera como víctima de los presuntos hechos que se le imputan a Duque, Tapia y Laverde. Y la Fiscalía, por su parte, tiene la hipótesis de que el MinTIC fue engañado por los tres.

Así se refirió la Procuraduría sobre el caso de Tapia: “Puede llegar a concluirse que, no obstante la existencia de estas tres sentencias condenatorias relacionadas con fenómenos de corrupción en la contratación estatal, ocurrieron los hechos que hoy nos tienen en esta audiencia y, en ese sentido, la imposición de la medida restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario sí evitaría, por lo menos teóricamente, la continuación en una actividad delictiva (por parte de Tapia)”

Sin embargo, para la Procuraduría los otros dos implicados, Duque y Laverde, no representarían el mismo peligro para la sociedad. La Fiscalía cree lo contrario y, durante la diligencia de esta mañana, solicitó que fueron enviados a prisión por el episodio de la supuesta garantía bancaria falsa, con la cual Centros Poblados pudo ganar la licitación con el MinTIC. Según la teoría de la Fiscalía, ninguna aseguradora estaba dispuesta a expedir las pólizas requeridas por Centros Poblados y, por eso, entre Duque y Laverde se habrían asociado para poner falsamente el nombre de Itaú en el documento.

Por otro lado, la Fiscalía aseguró que “la información con la que cuenta la Fiscalía es que, conocedores de que el Ministerio determinó la falsedad de las garantías, dirigieron todo un actuar tendiente a reemplazar esas garantías por unas verdaderas, buscar por todos los medios adecuar su comportamiento posiblemente ilegal”. La defensa de Emilio Tapia pidió que no fuera a la cárcel, pues ya pesa sobre él la detención domiciliaria y tiene problemas de salud. La defensa de Laverde, por su parte, sostiene que el procesado nada tiene que ver porque lo presuntamente falso fue una garantía bancaría y él es un intermediario de pólizas de seguros.