Desde el 20 de julio de 1810, 210 años de Corrupción en Colombia

Es tan corrupto el país que en su momento, el entonces presidente Julio César Turbay Ayala dijo: Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones

La historia comienza en 1822, cuando Bolívar y Santander comisionaron al vicepresidente Francisco Antonio Zea para tramitar -como embajador plenipotenciario- un préstamo del gobierno inglés. La situación la describe el historiador Julio Hoenisberg así: Colombia le debía a los británicos, 140.000 libras esterlinas. La misión de Zea era solicitar otras 140.000 y dejar la deuda en 280.000, y  «para garantizar el pago del empréstito, Colombia entregaba los derechos de exportaciones e importaciones, las rentas de las minas de oro, plata y las salinas, lo mismo que el producido por la venta del tabaco”

Zea y “otros, recibieron en total 800.000 libras, pero el país tenía que pagar dos millones”, según se expresaron los historiadores. Colombia no recibió dinero alguno de tal negociación.

Tan terrible resultaba esto para la República, que Bolívar, consternado, dictó la Pena de Muerte para los Corruptos El 12 de enero de 1824, la pena de muerte para los corruptos.

“Sentencia máxima para todos los funcionarios públicos que hayan malversado o tomado para sí, fondos de nación”, dijo antes al referirse al tema.

-Teniendo presente que uno de los principales de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, he venido en decretar y Decreto

 Artículo 1º – Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.-señalaba el mandato.

Bolívar se mostraba implacable sobre el tema: -El único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias- afirmaba en ese momento Bolívar,

Desde luego, nadie, nadie en absoluto, fue muerto por causa de este asunto. Tal ley, jamás se aplicó.

Un poco más adelante, en 1832, el primer Lleras activo en la política colombiana, Lorenzo Lleras, vivió un episodio parecido, pero esta vez con Brasil. Tras su regreso al país -luego de haber huido para no ser enjuiciado por su participación en el atentando contra Bolívar en 1828- cuando fue nombrado ministro de relaciones Exteriores en el gobierno de José María Obando.

Desde ese cargo, representó a Colombia en una serie de transacciones con Brasil, que no llegaron a un buen fin

A causa de lo que se calificó como «un error», el país perdía miles de kilómetros cuadrados de superficie en beneficio del Brasil, según cuenta la Enciclopedia de Banrepública:

-Por este error se cedían inmensos territorios sobre los cuales se habían alegado derechos, lo que se debió, según confesión del propio doctor Lleras, a que no dispuso de los datos y del tiempo necesarios para el estudio adecuado de la cuestión, al paso que el plenipotenciario del Brasil venía perfectamente preparado para iniciar las gestiones. Cuando el público se dio cuenta del error del señor Lleras, creóse para éste una situación difícil, y hubo de publicar una exposición dirigida al presidente de la República para manifestar los móviles de su conducta. Al propio tiempo se separó del ministerio, y el mandatario aceptole la renuncia el 25 de noviembre del mismo año. Por lo demás, el tratado se negó por unanimidad de votos en el Senado de 1855, después de un luminoso informe de don Pedro Fernández Madrid- señala la publicación.

Pero los colombianos lo acusaron de Corrupción a lo cual Lleras se defendió, pero sin poder demostrar su inocencia

-Yo finco en vosotros, señores Majistrados, la esperanza consoladora de que dareis un alto ahí! a semejante iniquidad. Debo suponeros intelijentes i honrados, e inaccesibles a las influencias personales de los abogados que ganan pleitos discutiendo las sentencias privadamente con los juezes. Una voz interior me presajia que esta esperanza no será una ilusión- afirmó en una misiva a la Corte, que más parece una petición de piedad.

Lorenzo Marroquín siendo Embajador ante la Santa Sede le cobraba a los colombianos que querían visitar al Papa, denunció el entonces vicepresidente, Joaquín F. Vélez.

Este personaje, hijo del primer mandatario. José Manuel Marroquín, era el presidente del Senado en 1903 cuando impugnó el tratado Hay-Herrán que le garantizaba a Colombia, 10 millones de dólares iniciales y anualidades de 250.000 dólares) por cederle a Estados Unidos el derecho de la construcción del Canal de Panamá.

Según varios historiadores -entre ellos Enrique Lemaitre, Mariano Ospina Peña y Fernando Araujo Vélez- el gobierno de Estados Unidos sobornó con 45.000 dólares al presidente del Congreso, Lorenzo Marroquín -presidente del Senado e hijo del primer mandatario- para:

1-Nombrar un gobernador en Panamá, que fuese partidario de declarar la independencia del istmo. (Y de hecho fue nombrado José de Obaldía, amigo de la separación y muy cercano a los Marroquín) y

2-Conseguir que el Senado rechazase el Tratado Hay-Herrán, para que enonces Panamá declarase su independencia con el apoyo de Estados Unidos,

Esto se consiguió a cabalidad, desde luego y Estados Unidos logró su cometido. No se sabe si Marroquín repartió el dinero entre los congresistas, o se quedó con los 45.000 dólares.

Después vendría el silencio cómplice y obligado de que habló Luis Villar Borda en su libro Corrupción, Una Constante Histórica, donde manifiesta que: ” La corrupción, se ha venido presentado desde comienzos del siglo XX, como por ejemplo el soborno de funcionarios colombianos para colaborar con la separación de Panamá del territorio nacional en 1903; lo que representó para el país la pérdida de un espacio de gran importancia geopolítica y el detrimento de la hegemonía en la región. Ya durante la primera mitad de dicho siglo se observaron sucesos como la asignación de terrenos petroleros bajo el mandato de Rafael Reyes a su ahijado Roberto Mares, lo que se percibe como indicios de favoritismos, preferencias y abusos de poder.

Los desfalcos, y tráficos de influencias hicieron noticia y fueron motivo de sonados debates en el Congreso durante la primera mitad del siglo, pero puede decirse que eran más bien excepciones, y los empleados públicos en general se consideraban honorables, mal remunerados y salían pobres de sus cargos.

La corrupción fue encubierta a partir de entonces, es decir, en la segunda mitad del siglo, por los gobiernos autoritarios y dictatoriales, que no permiten ningún control y el sistema de reparto burocrático del Frente Nacional, que garantizó la complicidad de los partidos en el poder y limitó la oposición a espacios marginales. La tarea de denuncia y función crítica se desplazó por ello a la prensa, cuyas limitaciones son también conocidas”.

Este devenir silencioso pero inatajable de la espantosa corrupción en Colombia, no se detuvo en los años siguientes. En la época del Frente Nacional -desde 1962 hasta 1974, también la hubo, pero de igual manera, silenciada por una prensa cómplice y sobornada. Esa fue una de las razones que obligó a exclamar al presidente Julio César Turbay Ayala en los años 80:

-Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones- dijo el entonces mandatario, sorprendido ante la monstruosa dimensión que ya para entonces alcanzaba este flagelo.

Este mismo criterio, llevó al General Manuel José Bonnet Locarno, el 30  de abril 1997, a pronunciarse sobre el mismo tema.

Después de una durísima campaña de guerra contra la subversión en el Chocó, en la que cayeron muchos colombianos de parte y parte, Bonnet fue nombrado gobernador del departamento del Magdalena por el entonces presidente Ernesto Samper Pizano. Esta región había soportado terribles inundaciones a causa del invierno que dejó afectado sin techo  ni medios de sustento a gran parte de la población.

Pese a  enfrentar este problema ocasionado por causas naturales y a venir de batallas abiertas contra la guerrilla, el militar dijo que: 

-Paradójicamente, más grave que el invierno son la pobreza, la corrupción, la politiquería. Estoy seguro que con las ayudas que ha enviado el gobierno para atender a los damnificados por el invierno, si los manejamos bien, rinden el doble. Pero los males endémicos del Magdalena, que no son del saliente gobernador, hay que empezar a erradicarlos. Los corruptos son peores que la guerrilla   

Ha habido algunos intentos para frenar la corrupción pero todos ellos inválidos. La Consulta Anticorrupción en agosto de 2018 no tuvo éxitos y así lo describió la Revista Semana:

La consulta anticorrupción le faltaron literalmente cinco centavos para el peso. Este jueves el Consejo Nacional Electoral finalizó el escrutinio y declaró los resultados de la elección. El mecanismo de participación alcanzó el 32,05 por ciento del censo electoral –el cual era del 33 por ciento-. Esto quiere decir que estuvo a punto de pasar el umbral.

Con el escrutinio la consulta sacó 1,785 más de los que se tenían en el preconteo, es decir, aumentó pero no lo suficiente, ya que para pasar el umbral necesitaba 12,140,342 de votos. Así lo declaró el CNE en la resolución 2587 de 2018: «La consulta popular anticorrupción, sometida al pueblo colombiano no superó el umbral de participación exigido por el literal c) del artículo 41 de la Ley 1757 de 2015».  

En diciembre del año antepasado, se intentó que la Cámara de Representantes avalara el voto de los más de 11 millones de colombianos que querían la Ley pero…

De los 38 parlamentarios, 37 se declararon impedidos para votar el proyecto al manifestar un conflicto de interés directo. Como la iniciativa propone modificar el tope salarial de los actuales congresistas, provocaría un efecto a sus propios intereses- anunció la revista.

Esto no termina. Ahora, cuando se llevó al Congreso otro proyecto para frenar esta maldición, no se presentó un solo parlamentario para el debate. Nadie quiso hacerse presente..