Demandan la elección de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación

El Consejo de Estado recibió la primera demanda contra la elección de Francisco Barbosa Delgado como Fiscal General de la Nación.

La demanda se radicó el 3 de julio, dos días después de que se reactivaran los procesos judiciales por orden del Consejo Superior de la Judicatura y el levantamiento de la suspensión de términos en medio de la pandemia por el coronavirus.

Por reparto el estudio del caso le correspondió a la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Los demandantes le piden al Consejo de Estado revisar si el periodo del fiscal debe ser constitucional o personal, esto significaría que Barbosa no podría estar por cuatro años en la Fiscalía sino por el tiempo que le restaba en el cargo a Néstor Humberto Martínez.

“Reivindicar la necesidad de que dicho periodo sea de carácter institucional es indispensable para garantizar la primacía del orden constitucional y la protección de la democracia (…) de lo contrario se atenta contra el principio constitucional de separación de poderes”, dicen en la demanda.

La demanda contra el acto que designó a Barbosa como Fiscal General llega en un momento con bastantes críticas en su contra.

Una de ellas fue generada por un viaje de todo un fin de semana que hizo el fiscal a la isla de San Andrés junto con su hija en plena pandemia por el coronavirus, cuando los colombianos tienen restricciones para viajar.

Otra crítica fue la imputación de cargos a los militares señalados de abusar sexualmente a una niña de la comunidad Embera Chamí. Por esa imputación de cargos, varios constitucionalistas señalaron que la Fiscalía se había equivocado en el delito imputado, sin embargo, el fiscal defendió la entidad diciendo “palo porque bogas y palo porque no”.

Dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional, Gina Paola Ávila Sierra y René Mateus Forero, se refirieron al tema de la siguiente manera:

“La elección [de Francisco Barbosa] realizada en esos términos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia viola directamente la Constitución Política de 1991”, aseguran. Tanto la Corte Constitucional han señalado que quien se posesione como fiscal general podrá ostentar esa posición durante cuatro años, sin relación con el tiempo que estuvo en ese mismo cargo el funcionario o funcionaria anterior, y los estudiantes recopilaron la jurisprudencia en la que se basó el Consejo de Estado en 2013 para tomar la determinación que tomó con respecto a Eduardo Montealegre.

Sin embargo, señalan que el periodo institucional del fiscal general es una “garantía del equilibrio de poderes” y le piden al Consejo de Estado que se aparte de los precedentes judiciales existentes, pues, explican que se puede poner de lado la jurisprudencia si sus efectos resultan nocivos para el ordenamiento jurídico del país. Y ese es, exactamente, su punto: la elección de fiscal general con periodo personal ha resultado nocivo para el país. Indican que ya tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han hecho cambio de jurisprudencia y, con Francisco Barbosa como fiscal, es momento de volver a hacerlo.